El acuerdo introduce un mecanismo europeo de asistencia mutua entre autoridades nacionales para intercambiar información, investigar casos transfronterizos y coordinar sanciones. También establece normas comunes sobre confidencialidad y protección de los proveedores, así como un sistema de actuación coordinada en casos que afecten al menos a tres países, con un Estado miembro designado como líder.
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